El 7 de octubre de 2013, el gobernador de California, Jerry Brown, firmó un proyecto de ley estatal que prohíbe a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley detener a una persona sobre la base de una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos después de que esa persona sea elegible para ser liberada, a menos que haya sido acusada o condenada por ciertos delitos, incluidos los delitos violentos.
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